OPINIÓN: ¿Quién defiende la gratuidad de la enseñanza?

POR ENRIQUE DE LA CRUZ

No hay duda que el proyecto presentado por una de las legisladoras más acérrimas del fujimorismo, Martha Hildebrantd, que las universidades públicas cobren a los alumnos el 50% de lo que pagaban en el colegio privado, ha levantado tanta polvadera como un tornado en el norte de EE.UU.
Así como nos preocupa la mala educación implantada en el Perú desde hace años por gobiernos que nunca han hecho nada para alcanzar los niveles que los organismos internacionales señalan, y que nos ubica entre los últimos países en cuanto educación se refiere, así nos preocupa este irracional proyecto que se ha venido cocinando sobre la base de un pensamiento elitista.
A pesar de que para algunos esta propuesta esta enmarcada dentro de la constitución, articulo 17, en donde señala claramente que la educación gratuita es para los alumnos que tengan rendimiento académico satisfactorio, y no cuentan con recursos para ello. Es entendible esto, ya que la obligación del Estado es garantizar al que no tiene recursos, tener igualdad de oportunidades a través de la educación, y claro, esto implica en el estudiante, un rendimiento y esfuerzo mínimo para ser ayudado.
Para todos es claro que este proyecto no solo cumple lo señalado por la Carta Magna, sino que esta nueva norma podría alterar el orden en los claustros universitarios, debido a que la gratuidad de la enseñanza es un derecho constitucional sin excepciones. A todas luces esta propuesta es discriminatoria y arbitraria, atentando contra los alumnos por el simple hecho de haber estudiado en un colegio particular, además el cobro de pensiones a estos los alumnos no solucionará el problema de financiamiento de las universidades.
Hay que tener claro que la gratuidad de la educación pública es un derecho adquirido de los jóvenes por lo que dicha iniciativa legislativa está fuera de la realidad. Eliminar este derecho sólo conseguirá enardecer los ánimos de los jóvenes universitarios en las 35 universidades nacionales existentes en el país, cuando lo que se quiere en este período de desarrollo económico sostenido es estabilidad política y paz social
Atentar contra la gratuidad de la educación pública, cuando actualmente registramos un bajísimo nivel universitario pese a contar con 1,183 escuelas profesionales y 520 mil universitarios y una sobreoferta de profesionales que no se adecua a la demanda laboral, es ir en contra del orden social y democrático.
La problemática de la universidad pública no debe ser abordada en forma parcial sino enmarcada dentro de una propuesta de Reforma Universitaria Integral, consideramos, que en vez de priorizar un proyecto que va a ser rechazado por la mayoría de los estudiantes, debe preocuparse por debatir y aprobar la Nueva Ley Universitaria que tanto reclama el país.